Imposibilidad constitucional de legalizar el reconocimiento del «matrimonio»

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Por Beatriz Mejía

Presidenta de la Alianza Ciudadana

La propuesta beligerante de legalizar el «matrimonio» entre homosexuales, que ha ido logrando espacios en algunos países, y que pretende alcanzarlo a través de sentencias judiciales en los países más conservadores, nos plantea el reto de poner en discusión tres ideas centrales:

1.- La necesidad de definir lo que queremos como sociedad en el Perú, y esto tiene que ver con los criterios de la mayoría de la población sobre lo bueno, lo justo, lo edificante para la nación y que es la base de toda norma legal: la preservación de la moral y el orden públicos.

Esto permite hacer el siguiente el razonamiento:

Si la población peruana quiere o no una sociedad fundada sobre los principios cristianos que sustentan los derechos humanos ya reconocidos.

De ser negativa la respuesta en un hipotético negado caso, puesto que el Perú es una nación 98 % declarada cristiana católica y evangélica, la nación tendría que denunciar todos los Tratados sobre Derechos Humanos que ha suscrito y reconocen que el matrimonio es un derecho humano del hombre y la mujer.

Si la población peruana está en la posibilidad de aceptar que las minorías incluso políticas gobiernen la nación, determinando el curso a seguir en la definición de las condiciones de organización social y legal.

En este concepto es necesario definir si el pueblo del Perú quiere familias sólidamente constituidas o está dispuesto a aceptar la quiebra de la institución familiar por hacer prevalecer los deseos de las minorías. Tiene que ver con la necesidad de hacer el esfuerzo de identificar los deseos de las mayorías y regular en las normas legales su orientación hacia el sentir del bienestar común, porque esto es democracia, de lo contrario sería aceptar como modelo de gobierno social el totalitarismo de las minorías, no importando la justificación que invoquen para imponer sus deseos a la población total.

2.- La necesidad de identificar los valores que deben gobernar los criterios de organización social.

Lo cual tiene que ver en lo particular con adecuar el debate a los Principios inmanentes en el corazón del hombre, esto es su anhelo por adecuar su vida individual y social al Bien, a la Verdad, a la Justicia y a la Dignidad, principios que no sólo pueden ajustarse a los deseos propios, sino que necesariamente exigen un respeto hacia los derechos de los demás.

Por ejemplo, hablar de bisexualidad es algo que podría quedar en la esfera de las opciones personales de carácter sexual, sin embargo, en la medida que el individuo vive en sociedad, entonces no es tan libre para decidir lo que quiera hacer con su vida sexual, puesto que su actuación personal influencia la vida social. No basta la reserva en su actuación, porque su conducta, aunque sea oculta lesiona la vida espiritual de la nación. Esto puede parecer un exceso de exigencia moral que rebasa el derecho a decidir la vida íntima sexual, pero no lo es, es una explicación real del impacto que produce la actuación individual en el seno social.

Una sociedad es un conjunto de relaciones individuales y la calidad de vida de sus individuos determinan la calidad de vida de la sociedad. No es posible edificar una sociedad libre y sana con personas esclavizadas a trastornos de la conducta sexual.

La sexualidad humana está claramente expuesta al entendimiento humano natural como la expresión de la relación íntima entre el hombre y la mujer, lo cual recoge el concepto del matrimonio en todos los pactos internacionales sobre Derechos Humanos, no existiendo uno sola norma que permita una interpretación extensiva a relaciones entre personas del mismo sexo, por cuanto la doctrina de Derechos Humanos está totalmente inspirada por los principios cristianos de respeto a la institución familiar establecida por Dios, lo cual es recogido también por nuestra Constitución.

Cambiar estos criterios a nivel de la legislación nacional, implicaría una vulneración a los derechos fundamentales de los ciudadanos que aceptaron vivir en una sociedad respetuosa de estos principios, que les garantiza vivir en un orden de Bien, Verdad, Justicia y Dignidad.

Existe un grave riesgo social cuando las minorías que invocan el derecho de legislar sobre temas que atentan contra los derechos fundamentales de las personas logran imponer sus criterios utilizando la debilidad de los políticos sujetos a grupos de influencia nacionales y extranjeros, como viene ocurriendo lamentablemente en algunos países, no importándoles el impacto en la vida de terceros, en la familia bien constituida como célula sana de la sociedad, ni los derechos prevalentes de los niños a crecer y formarse en una de ellas.

3.- Si los tribunales de Justicia, aun el de máxima autoridad constitucional como el Tribunal Constitucional en Perú, pueden vía sentencias legalizar la unión civil bajo el título de matrimonio de personas del mismo sexo cuando el Orden Constitucional no lo permite.

El artículo 55 de la Constitución Política del Perú incorpora los Tratados de Derechos Humanos que el Perú ha suscrito como parte del derecho interno.

El artículo 23 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos establece:

“Artículo 23 Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello.
El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.
Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos.”

El artículo 5 de este mismo Pacto, establece la prohibición de legislar o dictar medidas que vayan en contra de los derechos humanos ya reconocidos:

“Artículo 5 Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos

Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él.

No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.”

Estas normas que forman parte del derecho interno con rango constitucional, no le permiten a los jueces ni al Tribunal Constitucional reconocer vía sentencia un matrimonio homosexual celebrado en otro país para que tenga vigencia como tal en el Perú, por cuanto implicaría incorporar al derecho interno una jurisprudencia que transgrediría el Orden Constitucional y legal, en razón que también el Código Civil peruano establece claramente el concepto de matrimonio:

“Finalidad de la regulación de la familia

Artículo 233º Código Civil. – La regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento, en armonía con los principios y normas proclamados en la Constitución Política del Perú.

Noción del matrimonio

Artículo 234º Código Civil. – El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común.

El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales.”

Más aún, cuando según las normas del Código Civil en materia de derecho internacional privado, el artículo 2047 establece:

“Artículo 2047 del Código Civil. – El derecho aplicable para regular relaciones jurídicas vinculadas con ordenamientos jurídicos extranjeros se determina de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por el Perú que sean pertinentes y, si éstos no lo fueran, conforme a las normas del presente Libro.

Además, son aplicables, supletoriamente, los principios y criterios consagrados por la doctrina del Derecho Internacional Privado.”

Debe considerarse que la propia Convención Americana de Derechos Humanos al establecer normas de interpretación establece en su artículo 29:

“Artículo 29 Convención Americana de Derechos Humanos

Normas de Interpretación

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:

a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;
c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y
d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.
Artículo 30. Alcance de las Restricciones

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.”

Lo cual establece la obligatoriedad de los tribunales de justicia de interpretar la aplicación de estas normas de derechos humanos dentro del marco legal vigente en cada país y mirando el interés general y no de grupos.

Y no sólo el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos establece taxativamente el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello, sino también:

El artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos:

“Artículo 16 Declaración Universal de Derechos Humanos

Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.”

Del mismo modo el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce:

“Artículo 17. Convención Americana de Derechos Humanos

Protección a la Familia

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.

Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención.”

En ninguno de los tratados internacionales de derechos humanos se conceptúa el matrimonio independiente de la constitución de la familia, y en todos se reconoce como el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio para fundar una familia.

El preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos sintetiza en estas palabras el noble propósito que tuvo, que hoy vemos que con artilugios políticos y sentencias venales se va perdiendo:

“Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.”

El matrimonio concebido como la célula natural fundacional de la familia emerge del derecho natural, el cual responde al reconocimiento de la dignidad del ser humano, base de todos los derechos humanos, toda tergiversación de este concepto implica en sí una desnaturalización del matrimonio y una perversión del derecho que los Tratados Internacionales y las leyes del Orden Constitucional no permiten.

Emitir sentencia en el Perú reconociendo un matrimonio homosexual celebrado en otro país, aunque sea por la sutileza procesal de reconocer un acto jurídico celebrado en otro país con el cual hay reciprocidad de derecho internacional privado, constituye una flagrante vulneración al Orden Constitucional, pues lesiona nuestra Constitución, leyes civiles y los Tratados internacionales suscritos por el Perú que establecen clara y taxativamente que el matrimonio es el derecho del hombre y la mujer que se unen para formar una familia, esto es, la pareja conformada por un hombre y una mujer con la capacidad natural de procrear y criar hijos.

Concepto que no sólo es la base del derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio sino del derecho de los hijos a contar con una familia y de la sociedad de mantener su sana organización en base a familias naturales bien constituidas que garanticen el respeto a la dignidad de sus miembros y de la sociedad.

La trasgresión a estos derechos por sentencias, aun cuando sean del máximo órgano constitucional del Estado, constituiría grave infracción constitucional que amerita la destitución y el procesamiento penal por delito de prevaricato.

Corresponde al liderazgo social del país, a los buenos jueces, que constituyen una reserva moral, no permitir la manipulación de los procesos legislativos ni de las sentencias judiciales que bajo el lema de avanzar en los criterios de derechos humanos, en realidad están pervirtiendo su doctrina inspirada en principios superiores, y con falacias argumentativas están introduciendo falsedades legales como derechos que no tiene ninguna base jurídica ni moral, afectando gravemente la vida de la nación.

Fuente: La Resistencia

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